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El CEDD publica su estudio sobre los impactos de las políticas de drogas en el sistema penitenciario de 10 países de América Latina. El uso excesivo del derecho penal y de sanciones privativas de libertad, tiene consecuencias sobre la vida de las personas en los sistemas penitenciarios de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, México, Perú y Uruguay. Este estudio documenta la evolución de las leyes de drogas y su impacto sobre los sistemas penitenciarios de la región, las poblaciones afectadas y las condiciones penitenciarias en las que viven; la situación…mehr

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Produktbeschreibung
El CEDD publica su estudio sobre los impactos de las políticas de drogas en el sistema penitenciario de 10 países de América Latina. El uso excesivo del derecho penal y de sanciones privativas de libertad, tiene consecuencias sobre la vida de las personas en los sistemas penitenciarios de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, México, Perú y Uruguay. Este estudio documenta la evolución de las leyes de drogas y su impacto sobre los sistemas penitenciarios de la región, las poblaciones afectadas y las condiciones penitenciarias en las que viven; la situación socioeconómica de las personas privadas de la libertad por esos delitos, su grado de participación en las redes de narcotráfico y los impactos del encarcelamiento sobre poblaciones específicas. Si la libertad es uno de los derechos más importantes para el ser humano, debería restringirse sólo en aquellos casos donde ha habido una afectación directa y grave a los derechos de terceros. Por ello, el poder que tienen los Estados de privar a las personas de este derecho debe ejercerse de manera proporcional y racional; y solo como último recurso, una vez que otros han sido probados y han fallado. La "guerra contra las drogas", desplegada en las últimas décadas, sin embargo, ha generado una enorme distorsión en los sistemas penales, en el uso del poder punitivo de los Estados y de la cárcel en todo el mundo, particularmente en las Américas. El perfil de quienes se encuentran en las prisiones por delitos de drogas demuestra que se está capturando a quienes desempeñan las labores logísticas de bajo poder, evidenciando que la política no es eficiente en judicializar a quienes más se lucran del negocio. De allí que el informe invite a repensar la política de drogas y enfocar los esfuerzos de criminalizaciones en los peldaños superiores de la pirámide del narcotráfico y no en la base, donde se encuentran poblaciones excluidas y sometidas a diferentes fuentes de la desigualdad e inequidad social.

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Autorenporträt
Sergio Chaparro Hernández Economista y filósofo, con maestría en Derecho, de la Universidad Nacional de Colombia. Ha trabajado como profesor de Economía Laboral, consultor en el Centro de Memoria Histórica, la Escuela Nacional Sindical y la Defensoría del Pueblo. También como asesor político en el Concejo de Bogotá y en el Congreso de la República. Su experiencia investigativa se ha concentrado en temas de trabajo decente, justicia transicional, desarrollo rural y construcción de indicadores con enfoque de derechos humanos. En Dejusticia fue investigador en las áreas de Política de Drogas y Justicia Económica. Catalina Pérez Correa Profesora e investigadora de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE, México). Maestra y doctora en Derecho de la Escuela de Derecho de la Universidad de Stanford en California. Estudia temas como el acceso a la justicia en México, el funcionamiento del sistema de justicia penal, la política de drogas en América Latina, la observancia de normas sociales y legales, y el castigo penal y sus efectos. Ha sido investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, profesora en la Facultad de Derecho de la misma Universidad, e investigadora visitante en la Universidad de Georgetown.