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Este libro se centra principalmente en el principio de complementariedad, que está consagrado en el preámbulo y en el artículo 1 del Estatuto de Roma por el que se establece la Corte Penal Internacional. Este principio significa que la responsabilidad de enjuiciar a los autores de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra incumbe principalmente a los Estados. En este sentido, en el preámbulo del presente Estatuto se afirma que todos los Estados tienen el deber de enjuiciar los crímenes de la competencia de la Corte Penal Internacional.Por consiguiente, la Corte Penal Internacional sólo podrá enjuiciar y juzgar cuando los tribunales nacionales: "normalmente competentes" no estén dispuestos o no puedan examinar un caso (artículo 17).Así pues, la Corte Penal Internacional podría intervenir para llevar a cabo una investigación si la justicia nacional se demora en investigarla, si ha iniciado un procedimiento, pero en realidad trata de proteger a una persona de la responsabilidad penal o, por último, si la investigación no se ha llevado a cabo de manera independiente o imparcial.En otras palabras, la jurisdicción de la Corte Penal Internacional es subsidiaria. Por consiguiente, la ratificación del Estatuto de Roma constituye un compromiso por parte de un Estado de enjuiciar y juzgar los crímenes definidos por el Estatuto en el plano nacional.