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El principio de presunción de inocencia consagrado en la legislación togolesa exige que toda persona procesada sea considerada inocente de los cargos que se le imputan, mientras no haya sido declarada culpable por el tribunal competente. Este principio, que constituye la columna vertebral del procedimiento penal, permite proteger los derechos y libertades individuales. Sin embargo, existe una gran distancia entre la consagración teórica y las realidades judiciales y sociales. De hecho, el principio es constantemente violado por los actores judiciales. Peor aún, la reivindicación popular, que es la justicia de facto que emana del pueblo, socava inevitablemente este principio. Estas infracciones del principio tienen consecuencias desafortunadas. Ante esta observación, es necesario tomar medidas para mejorar la eficacia de este principio.