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La República Argentina y el resto de los países Latinoamericanos se encuentran en pleno proceso de reforma en lo que a la violencia de género se refiere. Si bien desde la década del 90 el tema ha adquirido gran interés a nivel internacional, registrando grandes avances en la materia, lo cierto es que a la hora de buscar soluciones suele recurrirse en primer lugar al mayor elemento de coerción con el que cuenta el Estado: su Código Penal; perdiendo de vista con ello que se trata de un problema multifactorial, asentado en arraigadas raíces culturales, que requiere como tal de un abordaje…mehr

Produktbeschreibung
La República Argentina y el resto de los países Latinoamericanos se encuentran en pleno proceso de reforma en lo que a la violencia de género se refiere. Si bien desde la década del 90 el tema ha adquirido gran interés a nivel internacional, registrando grandes avances en la materia, lo cierto es que a la hora de buscar soluciones suele recurrirse en primer lugar al mayor elemento de coerción con el que cuenta el Estado: su Código Penal; perdiendo de vista con ello que se trata de un problema multifactorial, asentado en arraigadas raíces culturales, que requiere como tal de un abordaje integral, sin demagógicas concesiones. En esa dicotomía se encuentra actualmente la Argentina, registrando un peligroso impulso legislativo que propicia el endurecimiento de penas e inflación de figuras delictivas, como respuesta al problema de la violencia de género. De ese modo, el objeto del presente trabajo es pasar revista a los diversos proyectos legislativos que se encuentran en danza, con el objeto de dejar en evidencia el peligroso camino en el que se está avanzando, al omitir buscar respuestas en el marco de las herramientas previstas por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Autorenporträt
Abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Realizó sus estudios de posgrado en la Universidad Católica Argentina, en la carrera de Especialización en Derecho Penal. Ingresó al Poder Judicial de la Nación en el año 2000; y actualmente ocupa el cargo de Secretario y Defensor Oficial Ad-Hoc de la Defensoría General de la Nación.