Andere Kunden interessierten sich auch für
![La fundamentación ético-filosófica de los Derechos Humanos]( "La fundamentación ético-filosófica de los Derechos Humanos")
La fundamentación ético-filosófica de los Derechos Humanos53,99 €![Teoría de los procesos políticos: acercamiento desde la Antigüedad]( "Teoría de los procesos políticos: acercamiento desde la Antigüedad")
Teoría de los procesos políticos: acercamiento desde la Antigüedad36,99 €![Sobre la teoría de la justicia de John Rawls]( "Sobre la teoría de la justicia de John Rawls")
Sobre la teoría de la justicia de John Rawls36,99 €![La teoría política de Hume]( "La teoría política de Hume")
La teoría política de Hume23,99 €![Las Determinaciones Políticas en Materia de Derechos Humanos]( "Las Determinaciones Políticas en Materia de Derechos Humanos")
Las Determinaciones Políticas en Materia de Derechos Humanos46,99 €![Desarrollo de la democracia, los derechos humanos y los conflictos]( "Desarrollo de la democracia, los derechos humanos y los conflictos")
Desarrollo de la democracia, los derechos humanos y los conflictos64,99 €![TEORÍA DE LA REVOLUCIÓN Y LA CONTRARREVOLUCIÓN]( "TEORÍA DE LA REVOLUCIÓN Y LA CONTRARREVOLUCIÓN")
TEORÍA DE LA REVOLUCIÓN Y LA CONTRARREVOLUCIÓN17,99 €
Hace una década, la fórmula para ser políticamente correcto en Ecuador tenía como uno de sus ingredientes principales la promoción y defensa de los derechos de la naturaleza. Imbuidos en la retórica previa y concomitante con la Asamblea Nacional Constituyente, y en un contexto particularmente favorable para la innovación constitucional, un grupo de asambleístas, aupados por sus asesores, las organizaciones indígenas y los movimientos ecologistas, consiguieron que se incluyera en el texto constitucional de 2008 a la naturaleza entre los sujetos de derechos, y se le reconocieran derechos específicos. Pasada la euforia del discurso y regocijados los actores políticos de entonces en una especie de triunfo después de la batalla, los derechos de la naturaleza pasaron a un segundo plano, y los poderes constituidos han encontrado diversas formas de evadir las obligaciones contraídas por mandato constitucional, al percatarse, quizás, de que cumplir ese mandato al pie de la letra, o en una medida superior a lo que dispone la legislación ambiental, pone en riesgo el desarrollo económico y social del país, y la viabilidad política de cualquier proyecto que pretenda limitar la explotación.