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La extradición pasiva en Guatemala, estuvo sujeta en gran medida a la discrecionalidad de las autoridades de turno, en virtud de la carencia de una ley específica que determinara el procedimiento a seguir cuando existía un requerimiento en particular. Esta limitante permitía que con sutileza política se hiciera fracasar el ius imperium, en cuya virtud se pretendía la repatriación de los delincuentes transnacionales y que éstos pudieran sacar ventaja en la búsqueda de impunidad. A partir de 2008, con la emisión de la Ley reguladora del procedimiento de extradición, los diferentes tratados, convenios o acuerdos internacionales suscritos por Guatemala en esa materia, pueden limitarse a consignar las normas sustantivas propias de su naturaleza jurídica, ya que la parte procedimental se encuentra debidamente prevista y no existe excusa para obviar su aplicación.