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En la última década, la buena gobernanza se ha convertido en una de las principales áreas de atención del gobierno de Etiopía. Sin embargo, en realidad la mayoría de las instituciones de servicio público de este país exigen auténticas prácticas de buena gobernanza. La prestación de servicios de estas instituciones se ve obstaculizada por la ausencia de buena gobernanza. Los servicios del sector público pueden prestarse en un entorno no competitivo porque a menudo no existen proveedores de servicios alternativos. Por lo tanto, los destinatarios de los servicios, a diferencia de los consumidores del sector privado, pueden tener poca o ninguna opción de utilizar un proveedor de servicios diferente o de retener el pago. Por lo tanto, la aplicación y la correcta evaluación de la práctica de la buena gobernanza en la prestación de servicios públicos es una opción imperativa para el bienestar de la sociedad y, en concreto, para los destinatarios de los servicios.