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El uso de la fuerza y de armas de fuego contra las personas es una de las facultades otorgadas a la policía para alcanzar objetivos legítimos. En el ejercicio de esta facultad, la policía tiene la obligación de respetar y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos por la legislación nacional y los tratados internacionales de derechos humanos. Ello se debe a que el uso de la fuerza y de las armas de fuego por parte de la policía puede ir más allá de los fines legítimos previstos y violar los derechos humanos. En consecuencia, se necesitan leyes adecuadas que regulen el uso de la fuerza y de las armas de fuego por parte de la policía contra las personas para evitar el uso arbitrario o abusivo de la fuerza y de las armas de fuego por parte de los agentes de policía. Para ello, la policía debe observar las normas internacionales sobre actuación policial, es decir, el Código de Conducta y los Principios Básicos, a la hora de adoptar y promulgar las leyes que regulan el uso de la fuerza y de las armas de fuego contra las personas.