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La inversión pública en materia de infraestructura es una política económica fundamental para el Estado. Gran parte de la eficiencia para la aplicación de los recursos en proyectos de esta naturaleza yace en el marco normativo que rige al funcionario público encargado de tan importante labor. En el caso de México, se ha buscado mediante la experiencia en otras naciones, esquemas que permitan incrementar la cantidad de recursos destinados a la inversión física; es ahí donde se encontró mediante las Asociaciones Público-Privadas los denominados Proyectos de Prestación de Servicios (PPS). Mediante un análisis de la experiencia internacional y la aplicación de este esquema recientemente regulado y adaptado en el sector público mexicano, se pretende generar una crítica a los resultados obtenidos, con el fin de enriquecer el modelo y lograr, en el tiempo, un verdadero nicho de oportunidad para el desarrollo de este importante país.