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La liberalización peruana de inicios de los años noventa, apoyada en el influjo fundamental del principio de subsidiariedad horizontal, produjo no sólo cambios prestacionales y normativos en sectores (con la consecuente reducción del Estado prestador), sino también supuso la creación de una nueva estructura organizativa administrativa que sirva y se acomode a ciertas características de unas aparentes "nuevas" potestades regulatorias, las cuales -desde una versión más estricta y ejecutiva- comportan una adaptación de la policía administrativa y otras competencias que permiten la intervención correcta y el sostenimiento de estos sectores liberalizados. El presente trabajo intenta desentrañar estos mitos y otras verdades jurídicas sobre el surgimiento de esta fórmula organizativa cercana a cumplir 27 años de existencia.