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Las penas, como respuesta del Estado a los que infringen la ley y violan el orden social, tienen la finalidad de retribuir al agente infractor el mal cometido a través de la práctica delictiva con el mal de la pena; reafirmar la vigencia de la norma violada, respetando los límites de los derechos y garantías fundamentales y de los derechos humanos; desalentar la práctica de delitos por parte de otros miembros de la sociedad a través de la intimidación; desalentar al infractor a volver a delinquir; y reintegrarlo a la sociedad. Sin embargo, el sistema penitenciario brasileño lleva décadas sufriendo la falta de atención e inversión, creando una situación de calamidad en todo el país. A pesar de esto, el Poder Ejecutivo no ha tomado ninguna medida para cambiar la situación de las prisiones, dejando en claro la preponderancia de la función retributiva de la pena de prisión.