Terrorismo, democracia y seguridad, en perspectiva constitucional (eBook, PDF)
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La respuesta de los Estados democráticos al terrorismo se suele plantear en términos de debate entre libertad y seguridad. Sin embargo, este planteamiento no es correcto. En los Estados democráticos, libertad y seguridad no son dos conceptos opuestos, sino vinculados. El Estado, que tiene el monopolio de la violencia legítima, es el único ente con capacidad de proporcionar seguridad a toda la ciudadanía. Sin embargo, la seguridad no es un fin en sí mismo, sino un medio para garantizar las condiciones que hagan posible el desarrollo de la vida en libertad. En último término, la garant...
La respuesta de los Estados democráticos al terrorismo se suele plantear en términos de debate entre libertad y seguridad. Sin embargo, este planteamiento no es correcto. En los Estados democráticos, libertad y seguridad no son dos conceptos opuestos, sino vinculados. El Estado, que tiene el monopolio de la violencia legítima, es el único ente con capacidad de proporcionar seguridad a toda la ciudadanía. Sin embargo, la seguridad no es un fin en sí mismo, sino un medio para garantizar las condiciones que hagan posible el desarrollo de la vida en libertad. En último término, la garantía de la libertad es, también, la garantía de la seguridad del individuo frente al poder del Estado. El terrorismo global supone un desafío para el Estado democrático en varios sentidos. Por una parte, pone en discusión el monopolio de la violencia propio del Estado. Pero, por otra parte, plantea el peligro de que el Estado democrático se desnaturalice, si su respuesta al terrorismo llega al extremo de poner en peligro el sistema de libertades. La respuesta al terrorismo, por tanto, tiene que ser ponderada. La cuestión reside en saber dónde colocar el fiel de la balanza. Este libro ofrece al lector un marco para la comprensión de las medidas antiterroristas adoptadas por muchos Estados tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. El libro detalla la respuesta al terrorismo global proporcionada por Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Francia y las instituciones de la Unión Europea. Junto a ello, y ya en nuestro ámbito, se examina la singularidad que supone utilizar la ilegalización de partidos políticos como instrumento de lucha contra el terrorismo.
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