Manual práctico sobre la tasación de costas procesales (eBook, PDF)
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El ciudadano usuario de la justicia soporta unos costes que deben ser tenidos muy en cuenta a la hora de plantearse la posibilidad de litigar. Sobre los profesionales que defienden y representan a las partes pesa el encargo de informar correctamente a sus clientes sobre esta materia, no exenta de inseguridades, pues es cierto que no se le suele dar la importancia que reviste, al menos en su mero aspecto pecuniario. Este libro pretende orientar, a través de un análisis detallado, sobre qué gastos específicos pueden producirse por causa de un litigio y su razón de ser. En particular, de un ...
El ciudadano usuario de la justicia soporta unos costes que deben ser tenidos muy en cuenta a la hora de plantearse la posibilidad de litigar. Sobre los profesionales que defienden y representan a las partes pesa el encargo de informar correctamente a sus clientes sobre esta materia, no exenta de inseguridades, pues es cierto que no se le suele dar la importancia que reviste, al menos en su mero aspecto pecuniario. Este libro pretende orientar, a través de un análisis detallado, sobre qué gastos específicos pueden producirse por causa de un litigio y su razón de ser. En particular, de un lado, qué conceptos y cuantías de entre ellos pueden ser recuperados a costa del vencido si se obtiene una sentencia con pronunciamiento favorable, y cuáles corren de cuenta exclusiva del vencedor. Y de otro, en caso de resultar condenado, hasta qué punto se debe hacer frente a los gastos realizados por el adversario. Para ello se revisa la tasación de costas, a través de la jurisprudencia y práctica de nuestros Tribunales, así como las partidas más relevantes que pueden integrarla, referidas a honorarios de Abogados y derechos de Procuradores, minutas periciales y la mayoría de los gastos que tienen alguna importancia, entre ellos el IVA, poniéndolos en relación con las normas procesales aplicables a los concretos supuestos, con cita de la doctrina actual. Asimismo se incorporan a la obra los profundos cambios generados en los procedimientos judiciales españoles, especialmente en materias competencias del Secretario Judicial, operados por la Ley 13/2009 de Reforma Procesal y la Ley 37/2011 sobre Medidas de Agilización Procesal.
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