Nuevas reglas de contratación laboral para las universidades: personal de investigación y docente e investigador
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El bienio 2022-2023 fue muy pródigo en reformas legales que afectaban de lleno a la contratación y gestión del empleo público universitario, tanto investigador como docente e investigador (Ley 17/2022, 5 de septiembre, de modificación de la Ley de la Ciencia; la Ley Orgánica 2/2023, 22 de marzo, del Sistema Universitario ?y sus normas de desarrollo?; DA 52.ª, reformada por el RDL 2/2023 de 16 de marzo ?modificada por el RDL 8/2023, 27 de diciembre? sobre gestión del encuadramiento de Seguridad Social de alumnado de prácticas no laborales). Su puesta en práctica no está siendo nada f...
El bienio 2022-2023 fue muy pródigo en reformas legales que afectaban de lleno a la contratación y gestión del empleo público universitario, tanto investigador como docente e investigador (Ley 17/2022, 5 de septiembre, de modificación de la Ley de la Ciencia; la Ley Orgánica 2/2023, 22 de marzo, del Sistema Universitario ?y sus normas de desarrollo?; DA 52.ª, reformada por el RDL 2/2023 de 16 de marzo ?modificada por el RDL 8/2023, 27 de diciembre? sobre gestión del encuadramiento de Seguridad Social de alumnado de prácticas no laborales). Su puesta en práctica no está siendo nada fácil, pues los servicios de investigación, los de personal y los servicios jurídicos de las universidades (sobre todo públicas) se están encontrando con numerosos problemas aplicativos. Estos problemas, lejos de hallar respuestas uniformes se enfrentan a decisiones dispares, multiplicándose los criterios de tipo interpretativo de organismos consultivos que no ofrecen suficiente seguridad. Más recientemente, sentencias como la STJUE 22 de febrero de 2024, en relación con los procesos de estabilización promovidos por la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de los que también participan las universidades públicas, abren interrogantes de calado para la gestión universitaria. O como la STS, 4.ª, 476/2024, de 6 de marzo (afirma la igualdad retributiva de personal investigador postdoctoral). Esta obra pretende afrontar, de forma integral y sistemática, todos y cada uno de esos problemas, ofreciendo respuestas fundadas en Derecho y en experiencias prácticas innovadoras de diferentes universidades públicas de toda España. The 2022-2023 biennium was very prodigal in legal reforms that fully affected the recruitment and management of university public employment, both research and teaching and research (Law 17/2022, 5 September, amending the Law on Science; Organic Law 2/2023, 22 March, on the University System ?and its implementing regulations?; DA 52.ª, reformed by RDL 2/2023 of 16 March ?amended by RDL 8/2023, 27 December? on the management of the Social Security framework for students on non-work placements). Its implementation has not been at all easy, as the research, personnel and legal services of universities (especially state universities) are encountering numerous application problems. These problems, far from finding uniform answers, are met with disparate decisions, with a proliferation of interpretative criteria from consultative bodies which do not offer sufficient certainty. More recently, rulings such as the STJUE 22 February 2024, in relation to the stabilisation processes promoted by Law 20/2021, of 28 December, in which public universities also participate, raise important questions for university management. Or like the STS, 4th, 476/2024, of 6 March (affirming equal pay for post-doctoral research staff). This work aims to tackle, in a comprehensive and systematic way, each one of these problems, offering answers based on law and on the innovative practical experiences of different state universities throughout Spain.
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